El conflicto es consecuencia de la imprevisión de un Gobierno a la deriva. La crisis ha puesto en evidencia el grado de alarma que Zapatero causa en el Gobierno.

La situación de cierre súbito y total del espacio aéreo sería realmente insólita si no estuviésemos desdichadamente acostumbrados a los continuos disparates, consecuencia de la imprevisión y el desbarajuste de un Gobierno a la deriva y sin timonel, superado en todos los frentes por su impericia, su dejadez y su estúpida insolencia. Un Ejecutivo descabezado, con un presidente noqueado que ya hace tiempo ha hecho dejación de sus funciones y un hábil y experimentado Rubalcaba que ha tomado con decisión el timón de esta nave sin rumbo.

En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno no es el responsable único del mal de fondo, a saber, la escandalosa situación de privilegio de los controladores y su chulería sindical. No se nos escapará ni un solo gesto de complacencia con la actitud hipócrita, bravucona, insolidaria y enteramente execrable de los controladores, dispuestos a explotar de manera inmisericorde los privilegios de los que gozan. La actitud de los controladores puede considerarse como un fiel reflejo del exacerbado particularismo insolidario que cunde por doquier en esta España a punto de la bancarrota, y que obstaculiza gravemente la salida de la crisis.

El Gobierno reacciona ahora con furia e indignación, cuando siempre ha tratado con algo más que delicadeza las pretensiones, tan insolidarias y ridículas como las de los controladores, de los dirigentes sindicales de su cuerda. Sólo una ley de huelga podría poner algo de orden en esta pelea sin reglas en que los distintos sindicatos vienen convirtiendo las huelgas que convocan. No deberíamos pasar por alto que el cáncer que permite los despropósitos de los controladores es de naturaleza sindical: un grupo cohesionado de trabajadores que abusa de su poder de intimidación y su capacidad de hacer daño para obtener un estatus laboral y profesional que, aunque en el caso de los controladores resulte sangrante, no es de distinta naturaleza que el perseguido por la dialéctica sindical. Si hubiera un mínimo de mercado para poder satisfacer la necesidad de controlar los vuelos, los controladores no pasarían de tener un salario de tipo medio, pero han sabido organizarse para mantener bajo control el númerus clausus que les ha permitido chantajear de manera persistente, al menos hasta ahora. Algún representante de los controladores ha asimilado la responsabilidad de su función con la de un cirujano, nada menos. Además de que la comparación no se tiene en pie, no estaría de más que cotejásemos las respectivas éticas profesionales, y que se nos dijera dónde es posible encontrar a un cirujano que deje al paciente en la mesa de operaciones por haber rebasado el horario legal.

Es necesario acabar de una buena vez con el chantajismo de los controladores y, ya de paso, con las actitudes paralelas de otros colectivos con capacidades similares. Mucho nos tememos que el Gobierno, debido a su costumbre de meterse en charcos en los que nadie medianamente sensato se dedicaría a chapotear, no acierte a hacerlo, y que en este asunto, en el que convenía un máximo de cabeza fría y de previsión, haya podido sembrar las bases para que futuras sentencias judiciales otorguen a los controladores opíparas recompensas e indemnizaciones a costa de nuestras sufridas espaldas.

El Gobierno ha optado por enseñar los dientes calculando que el gesto sería bienvenido por una opinión pública absolutamente harta de los controladores y convencida de que sus privilegios carecen de cualquier justificación razonable. Pero este Gobierno está tan acostumbrado a recular que no es razonable suponer que vaya a acertar cuando decide ponerse valentón. Al margen de que el asunto sea disparatadamente inadecuado para hacer una demostración de fuerza, la verdadera cuestión está en si este Gobierno sabe defender los intereses de los ciudadanos frente a la agresión de un grupo insolidario pero razonablemente bien asesorado sobre cuáles son los derechos que, por insólitos que nos parezcan, les conceden las leyes vigentes.

El Gobierno ha hecho alarde de su don de la inoportunidad. Hace ya muchos meses que era consciente de la actitud chulesca y chantajista de un colectivo que no ha dudado en ningún momento en tomar como rehén a la ciudadanía. Pero, en vez de atajar y reconducir el problema con antelación, ha esperado al último y peor momento posible para sacar el decretazo de las horas. ¿Por qué no lo hizo público hace un mes o no ha esperado a que pasaran las fiestas? Un gran error de cálculo y un síntoma más de la prepotencia e ineficacia de un Gobierno agónico que, al declarar el estado de alarma no ha hecho sino confirmar el est