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Carlos Herrera  

 

COPE

El presidente de Impulso Ciudadano ha dicho que la ley Celaá supone una "incomodidad" para exigir en los tribunales la enseñanza bilingüe

José Domingo, asesor jurídico de la Asamblea de Educación Bilingüe y presidente de Impulso Ciudadano, ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE' para explicar la reforma educativa de la Lomloe, también conocida como ley Celaá, que no incluirá el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Según ha dicho, la nueva ley "es una incomodidad, pero no va a cambiar tanto la situación", que es la que es. Y es que, hasta el año 2013 "no hubo una ley de educación española que reconociera que el castellano es lengua vehicular en España".

"Hemos estado un montón de años sin esa previsión, pero el Tribunal Constitucional ha dicho clarísimamente que en España el modelo constitucional es que si es lengua oficial tienes derecho a ser lengua vehicular, y eso lo hace ya en una sentencia del año 1986", ha explicado. Y es que, la Constitución no dice que el castellano es lengua vehicular, "pero el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho", por lo que el español debe ser utilizado por las administraciones públicas y enseñado en los centros educativos. "Eso no va a cambiar por mucho que se suprima esa previsión", ha manifestado Domingo.

El asesor jurídico ha explicado que lo que va a cambiar es la posibilidad de alegar esa previsión de la ley "cuando se acuda a los tribunales" para exigir que se enseñe en español. Y es que, esta reclamación es histórica de los partidos nacionalistas, que ahora han logrado con el amparo del PSOE, "para dificultar" la actividad de los padres para que se emplee el español en las aulas.

"Cuando lees el razonamiento de la enmienda de ERC, lo que les alarma son los proyectos lingüísticos porque la ley catalana y el Estatuto de Autonomía reconocen el catalán como lengua vehicular y quieren evitar que la ley española reconozca que el castellano es lengua vehicular", ha denunciado.

Domingo ha dicho que todas las enmiendas de los grupos nacionalistas "tenían un objetivo, que era quitarle el carácter de lengua vehicular al castellano". "Les molesta el carácter simbólico de que el castellano sea la lengua oficial de España y, en consecuencia, la lengua vehicular en toda España. Atacan directamente porque no pueden consentir que el castellano tenga el mismo estatus jurídico en sus comunidades que la otra lengua oficial", ha añadido.

El experto ha dicho que en los últimos seis años los padres han interpuesto cerca de 80 demandas ante el TSJ de Cataluña para que se reconozca la enseñanza también en castellano, a lo que el órgano jurisdiccional ha accedido de forma cautelar. El problema es que el proceso "es muy largo", de forma que hasta que llega la resolución pueden pasar años y los padres se tienen que "enfrentar" a los directores de los centros, ha manifestado.