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Carlos Herrera  

 

COPE

Mano derecha de Juanma Moreno, ha anunciado un primer paquete de ayudas de 1.000 millones de euros, de los que 900 se dirigen a pymes

Elías Bendodo, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' a propósito de las medidas adoptadas por la administración autonómica para ayudar a particulares y empresas en la crisis del coronavirus. Según ha dicho, han puesto en marcha "un primer paquete de medidas" que engloba 1.000 millones de euros, de los que 900 se dirigen a pymes para ayudar a los trabajadores de Andalucía y 100 a la Sanidad para paliar los efectos del virus.

A partir de ahora se concretarán las normas para acceder a las mismas, aunque los trámites serán por vía telemática desde la web de la Junta de Andalucía. "La economía andaluza fundamentalmente se sustenta en la pequeña y mediana empresa", ha señalado. Por eso, su objetivo es luchar contra el coronavirus, pero también evitar "que la crisis sanitaria se convierta en una crisis económica irreversible", ha apuntado.

Bendodo ha asegurado que el Gobierno andaluz ha recibido del Ejecutivo central apoyo, así como de los diferentes grupos políticos. "En esta ecuación no tenemos que mirar ni el color político ni el territorio. Todos tenemos que estar a la altura", ha dicho, al tiempo que ha ensalzado la "España de los balcones", en relación a todos los ciudadanos que en torno a las 20:00 o 22:00 horas salen diariamente a sus balcones o ventanas a aplaudir a los sanitarios que pelean día y noche contra el coronavirus.

Además, ha dicho que la gente está en sus casa en este cuarto día de cuarentena, pero aún así, ha pedido que "nadie se relaje". Sobre la forma de trabajar de los miembros del gobierno andaluz, ha dicho que están gestionando la comunidad por vía telemática, aunque también de forma presencial. "Hemos decretado servicios mínimos", ha señalado.

Por último, Bendodo ha dicho que las consecuencias de la pandemia "van a ser graves", pero todas las administraciones tienen la "obligación de salvaguardar la salud de los ciudadanos y el empleo".