COPE
Sobre la ley de Libertad sexual o Ley Montero
La ley de libertad sexual, o Ley Montero, ha despertado rechazo: dicen ministros socialistas que el borrador del anteproyecto de ley era una "chapuza" que no cumplía con los "mínimos parámetros jurídicos exigibles", y ha habido que retocar mucho. Viene muy a cuento que hoy nos acompañe la abogada Guadalupe Sánchez Baena, que acaba de publicar “Populismo punitivo”, un ensayo con el que ayuda a identificar los discursos que instrumentalizan la ley.
Es una mujer que destaca por su defensa de la presunción de inocencia, las garantías procesales, y la independencia judicial, y esta ley le parece que deja mucho que desear: “Es una redacción muy deficiente y va a crear un batiburrillo importante”. Se ha filtrado poco pero dice que de lo que se sabe “si parece que hay detrás colectivos feministas, con ideas peligrosas desde el punto de vista de los derechos humanos”
Una de las cosas importantes es la presunción de inocencia: “En derecho penal, quien acusa de un delito, tiene que demostrarlo, y esta ley parece que pretende que la mera palabra de una mujer baste para sostener una acusación o una condena, pero defender la inocencia siempre es más difícil. El testimonio tiene que reunir consistencia, coherencia, tiene que haber un entorno que corrobore la versión, y parece que se quiere eliminar, solo por el mero hecho de que la víctima es mujer. Estamos creando un privilegio por razón de sexo o género”.
Esto abre la puerta a denuncias falsas porque “puede afectar a la guardia y custodia de menores, y muchas mujeres asesoradas, deciden iniciar esta vía para conseguir ventajas”. Ahora va a ser peor dice la abogada, porque con la nueva ley, “la mera interimposición de la denuncia ya quita la custodia. Incluso advierte de movimientos para obtener permisos de residencia.
Dice que este no es el feminismo real: “El feminismo tiene una base netamente liberal, pero si lo que quieres es convertirla en una herramienta electoral, al final consiguen que se convierta en un movimiento antipático y a mi eso me preocupa. Una sociedad con los géneros divididos va a acabar en una convivencia rota”.
La crisis del bipartidismo ha supuesto la irrupción en nuestro país de nuevos partidos políticos, algunos de marcado carácter populista, cuyos líderes no dudan en atribuirse la representación del «la gente», de la voluntad popular, como excusa para instrumentalizar en su beneficio las instituciones y cuestionar la legitimidad del Estado democrático y liberal de Derecho.
Al contrario de otros movimientos populistas anteriores en los que la revolución popular antecedió al cambio legislativo, el de nuevo cuño parece haber asumido que la ley puede ser la mejor herramienta revolucionaria para propiciar el cambio social.
Actualmente vivimos inmersos en un proceso de ideologización del Derecho Penal que los populistas excusan en la protección de identidades colectivas, principalmente el género (sexo) y la idiosincrasia nacional. En torno a la erróneamente llamada «violencia de género» y las actuaciones delictivas cometidas por inmigrantes se ha generado una alarma social impostada y sobredimensionada políticamente, que no se corresponde con su escasísima incidencia a nivel estadístico, pero que revela que la pretensión de sus respectivos agitadores no es solventar un problema real, sino convertir la identidad colectiva en un arma de agitación social y en un catalizador para subvertir el Estado de Derecho.
Con un lenguaje claro, que permite su comprensión tanto a juristas como a personas legas en Derecho, Guadalupe Sánchez analiza ambas vertientes identitarias, con el objetivo de facilitar al lector tanto la identificación de los discursos populistas contemporáneos que intentan imponer su visión manipulada de la voluntad popular sobre la ley, como el conocimiento de las herramientas jurídicas de las que pretenden hacerse valer para destruir el sistema desde sus cimientos.
