Miramos adelante. Por eso dedicamos esfuerzos ímprobos a fijar nuestras energías en la reapertura del pasado. La entrada estruendosa en este siglo XXI consiste en detener la mirada setenta años atrás y en engrasar toda la metralla oral posible para crear un ambiente propicio al reajuste de los hechos. La historia como debió ser, no como fue. No la podemos cambiar, pero sí podemos reescribir y reinterpretar sus dramas para obtener beneficio electoral. La llamada Ley de Memoria Histórica queda oficialmente desbloqueada después de que PSOE e IU hayan llegado a un acuerdo en vista de la proximidad de las elecciones: se declara ilegal o ilegítimo todo juicio realizado durante el franquismo y se disponen mecanismos de compensación a aquellas personas que padecieran dichos arbitrios, se articulan mecanismos de ayuda para aquellos que quieran desbrozar cunetas y se abre el debate sobre el futuro del Valle de Los Caídos. Todo eso a grandes rasgos. Las pequeñas pinceladas quedan para la improvisación política que pueda surgir de aportaciones ocurrentes sobre el terreno.

Se trata, como pueden imaginar, no sólo de reparar aquellas cuitas trágicas que no hayan quedado suficientemente resueltas con las medidas diversas que se han tomado desde la Transición; la intención poco oculta tras las palabras de los inductores de la ley consiste en arrojarnos cadáveres a la cabeza unos a otros con la pretensión de separar cuáles son los buenos y cuáles los malos, cuáles murieron por la injusticia y cuáles por la defensa de la libertad. Es decir: no se trata sólo del natural deseo de recuperar restos humanos, sino, fundamentalmente, de recuperar rencores. Y, a ser posible, contemplar el pasado con ojos de la actualidad y así poder justificar su visión incompleta, falsa. El hecho inapelable de que las víctimas siempre son víctimas, independientemente de quien fuera su verdugo, no está contemplado en el espíritu de este acuerdo político de jugadores tramposos. La ley, que nació como un deseo de contentar a los energúmenos de ERC -que finalmente ni siquiera se han sumado al acuerdo-, hará al menos felices a los que, como el magistrado Martín Pallín, piensan que los muertos por el bando republicano o por los desmanes anarquistas de los años treinta ya tuvieron suficientes homenajes durante el franquismo. No reparan siquiera en la posibilidad de que estas familias se sientan legitimadas tan sólo por el homenaje de la democracia, no de un dictador. La tesis del juez viene a decir que esos son los muertos malos: el régimen democrático no puede homenajear jamás su memoria y quien ya lo hizo, un dictador, satisfizo suficientemente sus necesidades. Tremendo.

Santiago Carrillo, el nonagenario comunista que tan buen servicio brindó a su país en los años setenta cuando templó y modernizó las estructuras de su partido y adaptó sus aspiraciones a las que meramente favorecieran la convivencia y la democracia, parece estar ahora mucho más orgulloso de su trágico papel en la guerra civil que de su sensata aportación a la Transición española. ¿De verdad le interesa a Carrillo que se reabran las fosas de Paracuellos y se le asignen formalmente los muertos que provocó? ¿Tan respaldado se siente por esta ley fragmentada y fragmentadora?

La memoria, desgraciadamente, no se legisla. Si acaso sólo se legisla en las dictaduras más feroces, donde se decide la oficialidad de lo que pasó. Nunca en regímenes de convivencia racional. Cuando se desencadena una legislación adecuada a una forma de actuar, pensar y guerrear como la que representaba el escaso amor por la libertad y la democracia del Frente Popular se está intentando volver a poner el reloj en la hora del ayer. En la hora de un ayer que resultó trágico para una España que aprendió a mirar al futuro en tiempos que ya empezamos, lamentablemente, a añorar.

Y el que no esté de acuerdo con los preceptos elemental