En un país en el que al delincuente Otegui se le considera un «hombre de paz», en el que va a la cárcel el que defiende su casa antes de aquél que atropella mortalmente a un peatón y se da a la fuga, en el que se multa a un comerciante por no rotular en catalán y ni siquiera se llama la atención al que lo hace exclusivamente en urdú, no puede extrañar que tenga más derechos un «okupa» que el legítimo propietario de una vivienda.

Una teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Inma Mayol, señora de Saura, acaba de declarar que es partidaria de despenalizar la usurpación de viviendas vacías. Espíritu, por cierto, bastante común a los regidores de una ciudad en la que la ocupación de propiedades privadas está al orden del día.

Si a usted le entra mañana un grupo de personas a una vivienda a la que no le esté dando uso diario, sabe que no va a tener más remedio que pugnar judicialmente durante meses antes de que consiga echar a los ocupantes ilegales escaleras abajo.

Se da frecuentemente el caso de aquél que ve cómo un colectivo familiar o de otro orden echa abajo la puerta de una vivienda de su propiedad y tiene, ante su perplejidad, que comenzar un largo periplo de pruebas y sentencias antes de que los gorrones abandonen el inmueble en cuestión, no sin antes haber pasado como el caballo de Atila. Por si esa dificultad fuera poca, ediles como la tal Mayol ayudan con su «comprensión» a que cualquiera instale sus reales allá donde considere oportuno bajo el peregrino y oportunista argumento del «derecho a la vivienda».

Un país en el que algunos de sus gobernantes cuestionan el sagrado derecho a la propiedad inviolable es un país que no vale un duro: en España, increíblemente, se está abriendo el debate político de la obligación de hacer circular en el mercado de alquiler las viviendas «vacías», y antes de que ninguna lumbrera política haya definido lo que es una vivienda vacía, determinadas formaciones políticas enemigas del sentido común se han lanzado a la arena de la demagogia más barata poniendo en circulación la propuesta de la intervención «por el bien común».

Si usted tiene una segunda vivienda a la espera de la mayoría de edad de un hijo, por ejemplo, sepa que antes o después tendrá que pagar un impuesto especial por no ocupar cada una de sus habitaciones. O la alquila, o paga por no hacerlo.

Las sujetas de la catadura de la tal Mayol son, en buena medida, responsables de que proliferen en ciudades como Barcelona movimientos tan ejemplares como los de «cultura alternativa», que consisten, fundamentalmente, en no ser alternativa de nada y vivir mayormente del cuento y de la propiedad ajena.

Si mañana se instala por la cara un grupo de personas en un piso de su propiedad, no pierda el tiempo en avisar a ningún juez, a ningún polícía o a ningún concejal de la calaña de esta Mayol: sencillamente, espere a que salgan a por el pan, contrate a un cerrajero, cambie la cerradura y tapie la entrada si es necesario.

o pierda el tiempo en contemplaciones legales porque va a ser a usted al que vuelvan loco pidiéndole que demuestre que eso es suyo y que está ocupado ilegalmente: el tiempo de lo contencioso en España es el que es y pueden pasar muchos meses antes de que un juez se digne a mandar un par de guardias a echar a los asaltantes.

La llegada a España de los llamados «Hijos de Don Quijote» no va a hacer sino que algunos políticos de teorías tan vacuas como deconstruidas se crezcan ante la posibilidad de pasar a la historia como los defensores de la nueva socialización del bien común, aquél que fue arrebatado a la población con métodos arteros para conformar, con los años, lo que hoy conocemos como propiedad privada.

En el fondo, se trata de propulsar la idea de que la propiedad tiene un límite, lo cual implica, a la larga, cuestionar la misma legitimidad de la propiedad. No es otra cosa. Se empieza por eso y nunca se sabe por dónde se acaba. Pero en España, ya sabe, todo es posible.