Coincidiendo con las vísperas de la Cumbre Europea que había de vivirse en Sevilla el pasado mes de junio, un grupo de inmigrantes de varias nacionalidades -aunque fundamentalmente magrebíes- fue conducido entre jaleos y vítores políticos a la Universidad Pablo de Olavide con la intención de protagonizar un encierro. Se pretendía así presionar a las autoridades en fechas excepcionalmente delicadas y obtener de ellas determinadas concesiones no previstas en la ley de Extranjería. Conducidos por extraños y oscuros personajes pertenecientes a no menos oscuras organizaciones llamadas no gubernamentales, los inmigrantes encontraron todo tipo de facilidades en los supuestamente sorprendidos jerarcas de la institución y sentaron sus reales en todo el campus universitario. La cosa era, por lo visto, coser y cantar: ante el escaparate europeo, el Gobierno español no tendría más remedio que reconocer el fracaso de su política y ceder ante la presión mediática que se suponía iba a provocar el lacerante caso de unos trabajadores extranjeros que, curiosamente, no decían ni pío y que confiaban toda la comunicación grupal a un par de portavoces confusos y panfletarios. Se equivocaron, claro. El Gobierno se limitó a recordar las leyes y la situación se fue pudriendo de tal manera que ha conseguido dejar en evidencia a un buen puñado de personas y personajillos. Sin ir más lejos, a la rectora de la Olavide, Rosario Valpuesta. Partidaria, por lo visto, del slogan «papeles para todos», la eminente rectora sólo supo declarar, horas después de haber irrumpido el tropel de ocupantes en sus instalaciones, vaguedades y simplezas del orden de «hemos de construir un mundo para todos» o «la universidad debe estar abierta a quienes reclamen un futuro mejor», expresiones reveladoras del altísimo sincretismo intelectual que se espera de una primera espada universitaria. Ni que decir tiene que las autoridades autonómicas se frotaban las manos porque, con este incidente, añadían un leño más a la hoguera de dificultades con la que se quería adornar la Cumbre y poner en entredicho a un Gobierno como el del PP al que le estaban creciendo todos los enanos del circo. De la espesura de majaderos que rodeó todo este proceso emergieron, al menos, dos hombres de probada sensatez que, sin querer elevar demasiado la voz, señalaron la sinrazón que se estaba viviendo: José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, y Alfonso Perales, consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía. Chamizo, peculiar y sugestivo personaje que no se casa con nadie, señaló desde el primer día que todo aquello era un montaje tan descarado como inútil y que no iban a conseguir ninguna bendición colectiva por parte de la Administración, que menuda es; abandonen el numerito, les dijo, y yo les ayudaré uno a uno, pero no en masa. Perales, de lo más sensato que se sienta en el Gobierno andaluz -lo cual dicho así puede parecer que afirmo que el Gobierno andaluz está lleno de insensatos y no es eso; alguno hay, pero no es eso-, ha acusado a los misteriosos grupos de apoyo de haber montado una encerrona, no un encierro, y así «jugar a la revolución», lo cual está muy bien pero hubiera sido perfecto si el consejero lo hubiera dicho desde el principio, cuando se mascaba vacilación por el rédito político de desgaste que esa iniciativa podía brindar al que lo supiera utilizar. Entretanto, un puñado de hombres engañados y obcecados han querido solucionar sus problemas con presiones semejantes a las que permiten vivir del cuento desde hace años a tipos como Sánchez Gordillo. Y no ha funcionado. Con la excusa de unas obras en el campus, la eminencia rectora ha llamado, ahora sí, a la policía y les ha puesto de patitas en la calle. Todos parecían estar deseando poner fin a esta mamarrachada y hoy están ya de vacaciones. Hasta el próximo conflicto del que se pueda sacar tajada.