Este angelical y delicioso gobierno de seres humanos bendecidos por el progresismo que sólo hace que velar por el bien de los españoles está a punto de promover, junto con sus cómplices parlamentarios incapaces de levantarles la voz y dispuestos a trincar lo que sea en la pedrea, el asalto perfecto al poder judicial.

El mismo partido que elevó a la categoría de magistrado a Fernando Ledesma siendo éste Ministro de Justicia es el que pide ahora mayorías favorables para la elección de los principales jueces españoles.

El mismo partido que llevó a lo más alto de la judicatura a una secretaria judicial como María Teresa Fernández de la Vega utilizando todos los vericuetos posibles, es el que pide ahora mayorías favorables para la elección de lo que he escrito antes.

El mismo, que no otro. María Teresa, que es un exquisita y encantadora dama, educada, trabajadora y responsable, jamás llegó a dictar una sentencia después de ser elevada a la categoría de magistrado por los mismos examinadores a los que ella gobernaba desde su vocalía judicial.

Al poco entró en política de la mano de Belloch, como sabemos, y alcanzó recientemente el cargo nada despreciable de Vicepresidenta del Gobierno, cosa que quienes la admiramos celebramos absolutamente.

Pero, ante todo esto, algunos escépticos nos planteamos varias cuestiones:

¿Promovería este gobierno una medida semejante en el caso de tener mayoría en el consejo de los jueces?. Que pregunta más tonta; por supuesto que sí: a ellos –y ellas— tan sólo les ocupa un extraordinario fervor democrático fuera de toda duda. Otra:

¿Promoverá este gobierno la misma medida en aquellas organizaciones en las que ya controle la toma de decisiones?. Vaya la mañana que tiene usted, amigo: evidentemente sí, todo está pendiente de ajustes de calendario y tal y tal.

Al gobierno de Rodríguez le ha cabreado solemnemente que el mentado Fernando Ledesma –que como Magistrado será un talento, pero que como ministro es perfectamente olvidable--  no fuera designado presidente de la Sala 3ª del Supremo.

Al mismo gobierno le ha cabreado con la misma solemnidad que Guillem Vidal no renueve como presidente del TSJ de Cataluña a pesar de que, usualmente, ningún máximo responsable de ese tribunal permanezca en el cargo más de dos mandatos, diez años, los que lleva el hombre.

Al gobierno en cuestión le sulfura sobremanera que toda la Sala 2ª --que es la que se interesa por los procesos relativos a los políticos pillados “in fraganti”--  vaya a ser renovada sin poder colocar a los suyos en atención al reparto de mayorías en el Consejo –es decir, que Bacigalupo no podría repetir la “limpia” de responsabilidades que practicó con los imputados del caso Filesa, que de 45 lo dejó en 15, Galeote excluído, por supuesto--.

Al gobierno y a su talante le molestó en exceso que, en virtud de elementales principios de igualdad, le afearan la Ley de Violencia de Género que tan ufanamente confeccionó: consideró el Supremo que todo estaba muy bien menos aquello que hacía referencia a las diferentes varas de medir en función del sexo de quien cometiera la falta. Inmediatamente apareció el habitual coro polifónico de los políticamente correctos mesándose los cabellos y, tras ellos, la promesa de actuación quirúrgica en el CGPJ.

Con tanto cabreo, este grupo de entusiastas demócratas dialogantes ha dispuesto cambiar las reglas del juego para que nadie le tosa desde el ámbito judicial. Y, si nada lo impide, lo va a conseguir. Aunque escuchando ayer a Rodríguez justificar el matrimonio homosexual, más de un malvado se preguntaba cómo se va a aplicar esa ley de contra lo