Obligar a todos, incluidas las víctimas, a pagarles el vermú con el que van a celebrar su libertad es, sencillamente, una grosería
IGNORO la causa de la sobreactuación, de la áspera teatralidad con la que la izquierda se disfraza de legalista. Ignoro qué resorte se activa en sus representantes para exhibir esa aparente condición angelical con la que despachan asuntos relativos a la política carcelaria. Tanto PSOE como IU y diversos grupos nacionalistas se muestran partidarios de que los etarras excarcelados como consecuencia de la sentencia de Estrasburgo inspirada por López Guerra puedan acceder al sueldo social que la legislación prevé para reclusos puestos en libertad después de una larga condena. UPyD y PP accedían a ello siempre que los presos de ETA proclamaran, al menos, algún tipo de arrepentimiento, algún tipo de propósito democrático de enmienda. Incluso, yendo más allá, que desembolsaran las indemnizaciones a las que estaban obligados por las sentencias condenatorias que les fueron aplicadas. A ello se han opuesto los grupos arriba citados con argumentos que, casi, mueven a la piedad: es de ley que la reciban –la paga– y bajo ningún concepto se les va a privar de ello.
Son los eternos complejos de la izquierda española para con el entorno del terrorismo. Los mismos que batieron palmas tras la sentencia europea sobre la doctrina Parot y su aplicación a reos condenados antes de la proclamación de la misma, los mismos que exigieron rapidez casi inmediata para la liberación por el mecanismo del desahucio exprés de sus celdas, son los que ahora reclaman, como si fueran sus abogados, una paguita con la que afrontar el futuro. El PSOE invoca, por demás, unos «principios» democráticos que no acaba de definir, pero que, según sus portavoces, no le permiten apoyar iniciativa alguna que cercene los derechos teóricos de los asesinos de ETA (a los que, tal y como manifiesta la sección navarra de su estructura, «no se les debe llamar asesinos, ya que han cumplido su pena de prisión»). ¿Qué clase de principios le hace al PSOE pedir un sueldo sufragado por el Estado para los matarifes de ETA?
Los individuos puestos en libertad esta misma semana son viejos conocidos de la sufriente comunidad de víctimas del terrorismo. Uno de ellos, Zabarte Arregui, conocido como «el Carnicero de Mondragón», asesinó a diecisiete personas, siendo una de ellas el policía al que remató luego de interceptar la ambulancia en la que lo evacuaban después de un atentado cometido por él mismo. Otro es el asesino que atentó contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vich mediante el método del coche cargado con doscientos kilos de amosal. Recordemos la heroicidad: dejó caer el coche hacia el patio en el que estaban jugando cinco de los niños a los que asesinó –además de otros cinco adultos–, dejando un rastro de cuarenta heridos graves. Tal sujeto, Zubieta Zubeldía, proclamó en el juicio que esos niños no eran otra cosa que «escudos humanos» con los que pretendían protegerse los guardias civiles. Ha venido a completar la indecencia el alcalde de Vich, Vila D’Abadal, reclamando el dinero con el que el ayuntamiento de la localidad sufragó los ataúdes en los que fueron enterrados. ¿Qué «principios» –insisto– proclama el PSOE –y el resto de la banda– para reclamar una paga del Estado para ellos? ¿Simplemente que les corresponde? Demasiada pureza.
Extraños mecanismos impiden a la izquierda española sacudirse sus complejos y la llevan a exhibir una laberíntica red de criterios selectivos con la que seleccionar a su conveniencia el momento de mancharse las togas. ¿Es o no es paradójico que el PSOE, precisamente el PSOE, hable de principios?
Deberían estar satisfechos con haber cumplido su parte del trato y haber conseguido la derogación de la doctrina de marras. El resto es innecesario: obligar a todos, incluidas las víctimas, a pagarles el vermú con el que van a celebrar su libertad es, sencillamente, una grosería.
No con mi dinero, lo siento.
