LOS amigos de la vieja combinación de Pan y Circo pueden estar satisfechos tras la decisión del juez Castro -el del Cuarto Turno- de imputar a la Infanta Cristina al objeto de involucrarla en la trama del Instituto Nóos. A pesar de que el mismo Castro asegura que no dispone de ningún indicio de peso y de que el pasado 5 de marzo, hace sólo un mes, se negara a dar este paso, fue anteayer cuando se lió él solo la manta a la cabeza y se dispuso a ser sensible a la presión popular que exige justicia ejemplar, que no es exactamente la Justicia misma, pero que suena a ello y calma las ansias. Con ello Castro entra en la gloria y se transforma para algunos en el juez insobornable, valiente, del pueblo, que no teme a los poderosos y que arrambla con la Monarquía si es necesario con tal de buscar la verdad, con tal de dar su merecido a quienes le roban a la población sus recursos. Que es posiblemente lo que busca.

Castro se encontró inmerso en una perversa encrucijada: ser para siempre el juez que no se atrevió con la Institución Monárquica o ser el que sí lo hizo, y ha preferido el segundo camino, aunque para ello haya tenido que sofocar a algunas instancias judiciales con su auto, al que deberíamos calificar, en una primera y amable estimación, de evanescente. Poco importa que la normativa española señale que deben ser las acusaciones quienes soliciten la imputación de un individuo: Castro ha optado por saltarse el criterio del fiscal e invitar a la hija menor del Rey a pasear por la puerta de su juzgado para contestar a preguntas inspiradas por los correos -falsos o no- con los que un sujeto de dudosa catadura como Torres ha ido condicionando la instrucción mediante el delicado método del goteo, haciéndole bailar a su son al juez sin que éste mostrase su irritación mediante la toma de correctivo alguno en su contra. El fiscal que fuera de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, hoy abogado en ejercicio, ha declarado perplejo que la decisión de imputar a la Infanta Cristina es un ejemplo claro de indefensión: ¿cuál es el delito por el que se la imputa? ¿participar en las empresas de su marido?, ¿corrupción? Ninguno de los dos es, como tal, delito -la «corrupción» no está tipificada de tal guisa, sino como otras cosas concretas, cohecho, malversación, prevaricación, lo que quieran-, y no justifica la obligación de que una persona deba comparecer en compañía de un abogado ante un Juez. A no ser que tus intenciones sean globales y no estén destinadas sólo a buscar la verdad.

La decisión de Castro responde a una hoja de ruta que se le viene atribuyendo largamente y que ha ido estableciendo paso a paso, siendo el primero de ellos crear la pieza separada del caso Nóos al efecto de que le sirviera a su juego, ese del que en más de una ocasión ha alardeado por Palma: desmontar la Institución. No puedo imputar al Rey pero sí a una Infanta, y lo hago al final de la instrucción aunque me pase por el forro la postura del fiscal, que es el que actúa de parte.

Es muy probable que prospere el recurso del fiscal, pero la Infanta ya habrá declarado el día 27. Incluso es también probable que, una vez producida la declaración, ésta sea desimputada ante la evidencia de que su papel de florero no era el de la esposa de Diego Torres, que participaba activamente en la gestión del dinero. Pero eso ya no importará porque el daño ya estará hecho.

No se extrañen si el próximo paso es ver a Castro como miembro del Tribunal Constitucional a propuesta de algún partido muy concreto. Cosas más llamativas se han visto.