SI cuando la legalización de Bildu el TC obró como obró y justificó su decisión de la manera que lo hizo, era fácil deducir que aquellos mismos iban a repetir la jugada con Sortu. Lo contrario sería desdecirse. Lo propio es perseverar en el error y consumar el encargo ideológico que le hizo a la bancada «progresista» quien los nombró y colocó en el cargo. Sorpresa, pues, poca. Indignación, la misma y por los mismos motivos: el TC -poco tiempo antes de su renovación y despedida- se revela como un Tribunal de Casación y como un modo de revocar sentencias del Supremo fundamentadas en criterios jurídicos. El TS consideró aceptables los informes de Guardia Civil y Policía Nacional que hacían referencia a las conexiones de Sortu con ETA y sus satélites, dando por cierto que tal organización no era sino una prolongación de Batasuna, fuera de la legalidad a causa de la Ley de Partidos. El TC, en cambio, viene a decir que hay que dar por bueno el contenido estatutario de esa formación que dice que rechaza la violencia y que, en virtud de ello, hay que recompensar por adelantado su decisión de declarar un alto el fuego. ETA no se ha disuelto ni los que la han apoyado han criticado su ejecutoria, pero ello no obsta: desde hoy son impecablemente legales sin hacer mas esfuerzo que contemplar cómo los suyos han dejado de matar... esperemos que para siempre.
Los disfraces de ETA ya son todos legales y puede colegirse que Batasuna ya no es cómplice de ETA. Han bastado unos cuantos párrafos calculados y unos jueces -que no son jueces- aligerados de verguenza para que la banda y su entorno puedan hacer política. Todo ello ante el éxtasis y delirio de políticos vascos de castas varias, incluidas las socialistas, que parecen contratados como relaciones públicas del entorno ideológico de la banda.
Este Supremo del Supremo no disimula su complacencia por la hoja de ruta que diseñó el gobierno Zapatero y le otorga mas importancia a las apariencias que a los hechos, a los derechos de participación más que a los informes policiales. Tal sentencia a la medida de la solución política da pie a que, desde el bando proeterra, ya se esté elaborando el próximo paso del plan: liberar a los presos vascos de la banda y entronizar a Arnaldo Otegui. No consuela que el propio Tribunal reconozca que Sortu podría volver a ser puesta fuera de la ley si comete alguna irregularidad o delito: !menos mal!, imaginen que les hubieran blindado de por vida!!. Es claro que si el gobierno observa alguna vuelta a las andadas podría pedir o instar a la ilegalización de la coalición, pero ello obligaría a proceder de nuevo al mismo largo proceso que ha desembocado en el TC, es decir, acudir a la Sala correspondiente del Supremo, obtener sentencia favorable y, luego, esperar el consiguiente recurso ante el TC. Ello, en cualquier caso, garantiza legalidad durante una larga temporada, años quizá.
Los «Pascualillos» han conseguido la proeza de restarle cualquier tipo de prestigio al Tribunal del que viven, el cual, de por sí, no gozaba de un gran capital acumulado, todo sea dicho. Desde su formación se han venido sucediendo tropezones que le han dado imagen de Tribunal de encargo -y están en la mente de todos-, pero con este último asalto al sentido común de la legalidad han venido a dejarlo a niveles de basura institucional.
Hercúlea tarea no era, pero exigía dedicación. No hay que negarles una pericia prodigiosa. La larga mano del zapaterismo político ha obtenido su último objetivo «pacificador». Enhorabuena. Pascual Sala siempre llama dos veces.
Sortu, la enésima marca proetarra
