«No deje usted nunca su profesión, y si tiene tiempo, vaya a las escuelas de jueces a dar clases»

Se llama Santiago Vidal. No tengo el gusto de conocerle, pero estoy deseándolo, porque uno cree que lo que más enriquece a un ser humano es conocer a cualquier semejante que haga gala de sensatez y sensibilidad, como es el caso. Y más si se trata de un magistrado, habida cuenta del estado del patio. Bien es verdad que, conocido lo que ocurrió con el juez de San Fernando que viendo cómo se ponían las cosas en el pueblo con el asesinato de Clara hubo de salir a los medios para calmar los nervios de sus conciudadanos, lo que le mereció una reprimenda, cualquier día le abre expediente a este otro el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad, que es Cataluña, por poner las cosas en su sitio. Déjenme que les cuente. Érase una vez una pobre mujer de 48 años, deficiente mental, discapacitada en un 76 por ciento, analfabeta, pobre de solemnidad, por la que jamás se había preocupado nadie y de la que dependía el cuidado de su anciana madre de 78 años, invidente y afectada de Parkinson. Un cuadro.

Un buen día de verano esta mujer cogió una navaja y se presentó en una tienda de ultramarinos de su barrio «y se dirigió a una clienta con la intención de obtener dinero que le ayudase a superar las dificultades económicas que sufría el núcleo familiar», según cuenta el juez en su escrito. El atraco duró los dos segundos que tardó el dueño de la tienda en empujarla al suelo y avisar a la Policía. Intervino la justicia, pues en rigor aquello había sido un robo frustrado, y la juez de guardia de Badalona, María Esperanza Sánchez de la Vega, decidió ni corta ni perezosa ordenar el ingreso en prisión de esta pobre mujer que, por cierto, por no tener no tenía ni antecedentes penales. Es de suponer que después se lavó las manos, como se las lavaría el fiscal que lo había solicitado. ¡Qué valientes! ¡Qué rigurosos! ¡Qué orgullosos debieron sentirse este par de justicieros implacables liberando a la sociedad de tal peligro andante! El caso es que esta pobre mujer estuvo encarcelada un mes hasta que llegó un juez con dos dedos de frente y la puso en la calle.

Pero lo que reconforta de este caso dramático de miseria human, es que un juez de Barcelona, el que ha debido juzgarlo, ha tenido arrestos suficientes como para sentenciar que la medida fue «notoriamente innecesaria y desproporcionada« y que tuvo en cuenta las trágicas circunstancias de la afectada. Es decir, ha abroncado a su compañera de toga, y no sólo a ella, sino también  ese pedazo de fiscal tan arrojado y a la administración que ha colaborado con su pasividad a que se produjera una situación tan vergonzosa. Concretamente ha declarado su «más enérgica reprobación ética y jurídica» por la juez de Badalona, así como por los servicios sociales de Ayuntamiento de San Adrián del Besós y de la Generalitat, «teniendo en cuenta que ninguno de ellos ha adoptado las medidas cautelares y asistenciales que la ley y el sentido común les imponen».

No puedo pasar por alto alguna de las consideraciones que hace este magistrado sensato y ejemplar: «Administrar justicia es algo más complejo y gratificante que limitarse a aplicar la ley de fortuna rutinaria y mecánica y los operadores jurídicos nunca han de olvidarlo si quieren cumplir satisfactoriamente sus responsabilidades». Ole, ole y ole. Difícilmente se puede decir mejor. La sentencia recuerda que «la aplicación del derecho se ha de hacer siempre de acuerdo con la realidad social del tiempo y el entorno que rodean las circunstancias del conflicto», lo cual resulta tan aplastante que lo que sorprende es que aún haya que ir por la vida recordándolo. Es, indudablemente, toda una lección jurídica.

Pero aún hay algo más que hace de la actuación de<