El objetivo son las Fuerzas de Seguridad del Estado

Se me ocurren, así a bote pronto, tres o cuatro asuntos por los cuales Marlaska debería presentar su dimisión o, directamente, ser cesado al atardecer. Están en la mente de los lectores y me voy a permitir no pormenorizarlos: de un respetado juez que realizó notables servicios a España hemos pasado a un denostado ministro empeñado en emborronar su buen nombre. Pero entre ninguno de esos asuntos está la Valla de Melilla y el asalto que inmigrantes mayoritariamente sudaneses protagonizaron el pasado junio y que se saldó con un número aún no bien determinado de muertos. La Guardia Civil cumplió con la obligación de toda policía de fronteras de proteger a ésta de cualquier tipo de invasión, siendo causa de debate si la desgraciada muerte de los asaltantes se produjo en territorio catastralmente español o marroquí. Toda muerte violenta es digna de lamento, y más la protagonizada por jóvenes ansiosos por abandonar su suerte y su condena, siendo razonable investigar el uso desproporcionado de la fuerza si así se produjo, pero defendiendo el derecho de todo Estado a mantener la seguridad en sus perímetros.

Comprenderemos mejor el asunto si analizamos quiénes son los instigadores de la acusación: BBC, ERC y Bildu. Un reportaje de los primeros, de dudosa génesis, desata la repentina pasión de los segundos por las fronteras españolas y, a rebufo, se apuntan los que están deseosos de que Marlaska caiga por lo que sea, sin reparar que a cualquier ministro del interior le pueden asaltar la Valla con la connivencia o no de Marruecos. Puede argumentarse que el mismo gobierno que admitió a los inmigrantes del Aquarius (para luego no hacerles ni caso e instrumentalizarlos como simple mercancía de propaganda), es el que utiliza toda la contundencia para evitar una entrada masiva de inmigrantes, pareciendo ello contradictorio. Bien, pero deberemos observar que, aunque en el primer caso consideró a los desgraciados ocupantes del barco como material de autopromoción, en el segundo cumplió con el deber gubernamental de defender la integridad de una frontera, como haría cualquier país de nuestro entorno. Estoy seguro que Interior, y no digamos la Guardia Civil, son los primeros en lamentar la muerte de aquellos hombres protagonistas de una violenta iniciativa. Y también de que alguna irregularidad territorial pudo haber en el movimiento de heridos. Todo ello es merecedor de investigación, pero sin que caigamos en la trampa de creer que los instigadores del caso, británicos, independentistas y ex-terroristas son almas puras que solo piensan en los pobres inmigrantes. El objetivo, al menos de los dos últimos, son las Fuerzas de Seguridad del Estado: la frontera, la españolidad de Melilla, Melilla en sí misma, les importan nada o menos que nada. Y si se llevan al ministro de interior por delante pues mejor, aunque sea quien les acerca los presos de ETA. La oposición, el PP, no puede orquestarse con ellos. Dentro de poco tiempo –o mucho, no sé– un ministro del PP puede tener exactamente el mismo problema. No contarán con el apoyo del PSOE, evidentemente, pero al menos podrán reprocharles que en su día estuvieron donde debían de estar.