«Cuando Romancito fue facturado a Madrid, los anasagatis, eguíbares y demás tropa pusieron, como era de esperar, el grito en el cielo por lo que suponían un pisoteo de los derechos elementales a rehacer la vida que cada criminal de ETA tiene»

El asesino convicto y confeso Ramón Aldasoro fue extraditado a España desde los Estados Unidos de América después de una curiosa peripecia judicial. Aldasoro, culpable de varios asesinatos en nuestro país, había instalado sus reales en le estado de La Florida, condado de Miami Dade, donde trabajaba como vendedor de automóviles en un concesionario de Kendall Drive, creo recordar. A pesar de los intentos de su abogado, Timothy Cone, por impedirlo, el asesino etarra fue finalmente introducido en un avión de Iberia no sin que un juez federal estuviera a punto de frenar la operación. Cone, abogado de cuidado, con pocos escrúpulos y mucha verborrea, buscó desesperadamente un «margaritorrobles» norteamericano —también allí los hay— que entorpeciera la decisión favorable de la Corte Suprema a que Ramoncito volviera a España a dar cuenta de sus peripecias, pero no acabó de conseguirlo gracias a la intervención final de un hombre al que la Justicia española le debe, cuando menos, un agradecimiento. Se trata de Héctor Pesquera, máximo responsable del FBI en La Florida, que es de origen portorriqueño y que cuenta con un pequeño «ejército» de cuatro mil hombres —suficiente como para invadir Nicaragua— con el que mantener la ley federal en un estado especialmente determinante. Pesquera, firmemente convencido de que un indeseable como ese estaba mucho mejor a diez mil kilómetros frente a un tribunal que le juzgara por sus crímenes, no esperó a que prosperara la última y desesperada instancia de Cone ante el juez dubitativo y «garantista» y, agarrando a Aldasoro por el brazo, lo depositó personalmente en el primer avión que saliera de Miami. Cuando el margarito, de nombre Lawrence King, quiso darse cuenta, el reo ya estaba en la Audiencia Nacional. El trabajo de Pesquera y el del infatigable cónsul Javier Vallaure bien valen la condecoración que el segundo ha pedido para el primero. Cuando Ramoncito fu facturado a Madrid, los anasagastis, eguíbares y demás tropa pusieron, como era de esperar, el grito en el cielo por lo que suponían un pisoteo de los derechos elementales a rehacer la vida que cada criminal de ETA tiene pero no sirvió de nada: un tribunal le condenó y fue a parar al mejor lugar donde puede estar: la cárcel.

Y estando en la cárcel es cuando nos percatamos de lo mucho que le ha influido su corta estancia en los EE.UU.: la furia antitabaco le ha llevado a solicitar —o a exigir, más bien— un módulo independiente para aquellos reclusos que no fuman y que se ven doblemente condenados en prisión. Arguye Aldasoro que «están en juego vidas humanas», lo cual induce a pensar que la reclusión ha convertido a este asesino en un alma sensible y delicada que mira tanto por su salud como por la del medio ambiente en el que vive. No sabía que una cárcel pudiera hacer tanto. No hará muchas lunas que otro compañero suyo de fatigas consiguió que el Estado la indemnizara con trescientas mil pesetillas por haber sufrido la cruel tortura de compartir celda con un preso que despedía un insoportable hedor de pies. Claro que en aquella ocasión medió una sentencia de Margarita Robles y ese es un factor determinante a la hora de hacer justicia ante atrocidades semejantes. Aldasoro debería haber dirigido a la clarividente magistrada —y antigua responsable de la seguridad de nosotros— una petición de amparo a buen seguro de que lo habría conseguido en lugar de perderse en estériles exigencias a los insensibles directores de prisiones españolas. Hubiera evitado su malestar y el que debe atormentar a un pobre policía yanqui que creía que estaba haciendo una