EL Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha revocado la decisión de la Delegación de Gobierno de prohibir la manifestación de Guardias Civiles convocada por su Asociación Unificada. Podrán hacerlo, lo cual en un cuerpo de naturaleza militar no me negarán que es, cuando menos, llamativo.

 

 

¿Qué razón lleva a esta Asociación cuasi sindical a llamar a los Guardias a la protesta?: la equiparación de la jornada laboral con la Policía Nacional, y, secretamente en el deseo de unos cuantos, aunque no lo digan, desproveer del carácter militar a la institución. Lo anterior está escrito sin anestesia, con lo que mejor será proceder por partes.

 

La importancia, prestigio, trascendencia de los Civiles no está compensada de la misma forma que lo está la de otros cuerpos policiales en Europa o, singularmente, en España: sin embargo, estos últimos años han visto cambiar sensiblemente algunas de las condiciones de vida con las que han tenido que torear estos hombres y mujeres ejemplares.

 

Es justo reconocer que se ha dado algún paso importante en modernización organizativa, en mejora de las condiciones de los cuarteles, en los horarios, en las horas semanales de descanso, en el aumento de la plantilla, en la aprobación y reconocimiento de sus Asociaciones, en su representatividad profesional… y en los salarios: cerca de un 11 por ciento más que el resto de funcionarios, amén de complementos de productividad que no tienen que ver con la burda pretensión del Ministerio de Interior de pagar más al que más multe —al que más recaude, pues—, como si fueran una simple caja registradora.

 

Ciertamente podría ser más, ya que partían de una situación comparativamente inadecuada al prestigio que se les atribuye, ese que hace que un tío con problemas vea a un Guardia Civil y se le abran los cielos, pero sería injusto negar la tendencia de los últimos años. Ocurre que ha llegado la crisis y se ha llevado por delante muchas de estas mejoras en forma de recortes decretados por el gobierno —nada, en cualquier caso, que no le haya ocurrido al resto de funcionarios— y se han recalentado los motores.

 

En el Cuerpo, no nos engañemos, hay un sector de miembros que resulta partidario de la fusión del mismo con la Policía Nacional y que se esfuerza en ignorar que eliminar su carácter militar significa la desaparición de la GC. Imaginemos un Cuerpo Único con más de ciento cincuenta mil individuos, sus huelgas, sus sindicatos, sus servicios mínimos… y su efectividad comprometida: no parece ser el escenario idílico.

 

Los países de nuestro entorno que gozan de un sistema policial dual, como España, lo hacen manteniendo el carácter militar de uno de ellos, lo cual invita a pensar que, si no lo conserva, no tendría sentido la continuidad de la Guardia Civil, con lo que ello supone para la lucha antiterrorista y la seguridad de pueblos y aldeas.

 

La disquisición acerca de los derechos y deberes requiere mucho tiento, es cierto, pero no debe poner en peligro el respeto, la confianza que la Institución despierta en los ciudadanos.

 

Desgraciadamente, la manifestación permitida por los jueces puede ser una puerta abierta a considerar a los Civiles un gremio más, un grupo laboral más, justamente lo que no son, y precisamente por no serlo atesoran tanto prestigio.

 

Algunos seguiremos proclamando aquello de «Rubalcaba, Sube la Paga», que sigue siendo de justicia, pero añadiremos inmediatamente que estaremos más tranquilos si siguen llevando galones y estrellas.